No cobrar tasa de seguridad pondría al Atlántico en “situación de riesgo fiscal”. Así lo aseguró Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, quien sostuvo que el cambio del método de facturación anunciado por Air-e no fue previamente informado al ente territorial.

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Cabe recordar que, en comunicado de prensa emitido por la compañía de energía, se informó a la ciudadanía que la factura tendría modificaciones al incluir códigos de pago independientes por cada servicio, y como aporte opcional la tasa de seguridad.

“Nosotros no hemos sido notificados de ninguna decisión por parte de Air-e respecto al cobro de la tasa de seguridad o de la suspensión de esta en la factura de energía eléctrica. Lo cierto es que hay una ordenanza que aprueba el Estatuto Tributario Departamental, la cual establece claramente que este tributo debe ser cobrado de manera conjunta con el recibo de energía eléctrica”, dijo el funcionario.

Indicó que esta decisión los toma por “sorpresa”, toda vez que se venían realizando unas mesas de trabajo conjuntas para resolver el recaudo de la tasa de seguridad y las conversaciones iban en dirección, según afirmó, de un convenio interadministrativo para resolver el caso.

“Nosotros como autoridades administrativas lo que abogamos es por el cumplimiento de la constitución, la ley y las ordenanzas de nuestro departamento”, anotó.

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Nader sostuvo que con la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana se financian los proyectos en materia del sector seguridad, como construcción de estaciones de Policía, comandos de Policía, dotación de la Fuerza Pública y la construcción de escenarios de entornos seguros bajo la figura de escenarios de convivencia ciudadana.

Manifestó que se han comprometido vigencias futuras con base a este tributo, por lo que los proyectos que adelanta la Gobernación del Atlántico quedarían “expuestos” con los créditos que actualmente se tienen con las entidades financieras.

“Esto llevaría al ente territorial a una situación fiscal bastante riesgosa. El año pasado (2024) hubo un recaudo por tasa de seguridad de alrededor de $168 mil millones, se esperaba recaudar este año $174 mil millones. Con eso se habían comprometido unas vigencias futuras aprobadas por la Asamblea Departamental con miras a hacer unas inversiones tanto en materia de infraestructura como de dotación de la Fuerza Pública del departamento”, explicó.

Enfatizó que el no pago de la tasa de seguridad "generaría una deuda fiscal y por ende daría lugar al cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, tal y como se hace con cualquier otro tributo departamental: impuesto vehicular, impuesto al consumo, impuesto al deporte, registro, estampilla y demás". 

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Lo anterior, haciendo referencia a que el usuario que no pague este impuesto podría generarle un cobro prejurídico, acumularse la deuda y podría llegar a un embargo de su salario.

El Secretario Jurídico sostuvo que solicitarán a Air-e un pronunciamiento oficial con respecto al tema y con base a ello, aseguró, se tomarán decisiones.

No descartó acciones judiciales ante los jueces administrativos a través de una acción de cumplimiento, con miras a solicitarle a un juez que obligue a la empresa a cumplir con el estatuto tributario.

“Es nuestra obligación, si no lo hacemos como empleados incurriríamos en omisión administrativa y es una falta disciplinaria no hacerlo”, apuntó el funcionario departamental.